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El precio de la Justicia en España

 

El artículo 119 de la Constitución Española determina que “La Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Pero realmente, ¿qué es lo que entiende la ley como insuficiencia de recursos para litigar? Es decir, ¿quién debe pagar o no, por hacer valer sus pretensiones en sede judicial?

Según  la normativa[1] que le es aplicable, y centrándonos en las personas físicas –que somos los ciudadanos de a pie, como Ud. y como yo-, se considerará que tendrán derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita:
 

  • Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  • En el orden jurisdiccional social: los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
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  • En el orden jurisdiccional penal: tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.
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  • En el orden contencioso-administrativo: los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjería, (incluida vía administrativa previa).

Así, existe insuficiencia económica cuando se acredite que los recursos e ingresos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del IPREM[2], vigente en el momento de efectuar la solicitud, que no ha variado desde 2010, siendo el último vigente el de 2011, que se establece en 7.455,14 euros[3].
 
Si, efectivamente, eso quiere decir que salvo que se encuentre Ud. en una precariedad económica muy acusada, pues aún estando desempleado puede percibir prestaciones y ayudas por encima de dicha cantidad, muy probablemente se encuentre por encima de dicho rango de percepción de rentas –tenga en cuenta que el cómputo es por los ingresos computados anualmente y por todos los conceptos-, y por lo tanto, no sea acreedor de la mencionada Justicia Gratuita, y tenga que correr con todos los gastos de letrado y procurador, de ser preceptiva su intervención, encontrándose que, para determinados procesos, es necesario, además, abonar una tasa judicial, que le devolverá de nuevo a la tierra, si es que en algún momento pensó que en este país existía la Justicia Gratuita.

Y es que, entre las nuevas propuestas del Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, se encuentra la de penalizar la segunda instancia judicial, amparándose en el sorprendente argumento de que, quien ya obtenga una respuesta judicial en primera instancia, con la que no se encuentre conforme, tenga que abonar un plus, un coste residual, por acceder a la segunda instancia judicial. Lo que se torna peligroso cuando el origen, justificación y existencia de esta “segunda vuelta”, si me permiten la expresión, no es otra cosa que un modo de control de los órganos jurisdiccionales y la garantía de nuestros Derechos Fundamentales, consagrados por la Constitución, como son el Derecho a la Defensa, a la Tutela Judicial Efectiva y al Debido Proceso.
 
Al final, en un claro intento por establecer un modo de abaratar los de por sí elevados costes de la Justicia Gratuita en este país, y en un vano intento de asimilar estas tasas, al “copago” en sectores como la sanidad pública, lo que parece que  queda claro es que se vuelve a golpear a las clases más perjudicadas, los trabajadores, las familias y a las clases medias, quienes serán, de nuevo, los que asuman la responsabilidad –económica, se entiende-, de equilibrar las arcas públicas, en lo que al Ministerio de Justicia se refiere.
 
Con la que está cayendo, elevar las tasas judiciales entre 50 y 70 euros como se anunció el pasado mes de marzo[4], amparándose en criterios como la saturación de los juzgados, y así sufragar la Justicia Gratuita, es fundamentalmente injusto. Y ello asumiendo que para los colectivos más castigados, esos 50 o 70 euros sí pueden marcar la diferencia entre llegar o no a fin de mes, con la clara intención de que desistan en su afán de obtener la debida tutela jurisdiccional por falta de medios económicos, aún encontrándose por encima de la horquilla económica que les imposibilita ser acreedores de la Justicia Gratuita.
 
Injusto y especialmente peligroso en tiempos de crisis, es que la justicia sea inalcanzable para algunos, dificil para otros y quede a disposición de unos pocos; pues ni en eso pensaron los Padres de la Patria al elaborar el Texto Constitucional. Las situaciones de injusticia mantenida y penurias económicas que afectan ya a la mayor parte de la población de un país, dando lugar a cambios estructurales, sociales y de pensamiento, son cambios propios de una REVOLUCIÓN DE IDEAS; como aquella de la que nacieron nuestros derechos más fundamentales, los cuales, vemos pisar cada día, sin que se nos cambie el gesto en el informativo de las tres.



Posted by:
Borja Sánchez

 
[1] La Ley 1/1996, de 10 de enero , de Asistencia Jurídica Gratuita, así como el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, que aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, reformado por el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre.
[2] Indicador Público de Renta y Efectos Múltiples.- Es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos a muchos efectos (ayudas para vivienda, becas, subsidios por desempleo, asistencia jurídica gratuita...). Fue introducido el 1 de julio de 2004 en sustitución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuya utilización se restringió al ámbito laboral. La introducción del IPREM permitía que un crecimiento más importante del SMI no afectara a todo el sistema de ayudas y subsidios. Desde su creación, el crecimiento anual del IPREM ha sido menor que el del SMI.


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